Informalidad empresarial en el pequeño comercio

 

Según cifras del DANE, se estima que Colombia presenta un nivel insuficiente de  formalidad empresarial en los pequeños comercios, se evaluó que el 75% de las microempresas en el país no están registradas.


Los niveles de cumplimiento de contratación formal de trabajadores, el pago de prestaciones sociales, la implementación de una contabilidad formal, la declaración y pago de impuestos son decadentes. 


Además se considera que tres de cada cuatro empresas no se encuentran en el Registro único Tributario (RUT) ni en el Registro único Empresarial y Social (RUES). 


Otras normas como la afiliación de los trabajadores al sistema integral de protección social, los estándares sanitarios o la declaración y pago de impuestos, también están siendo incumplidas por parte de las pymes, conforme el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). 


De acuerdo con el Consejo Nacional de Política Económica Social (CONPES), en las últimas dos décadas, el Gobierno nacional, los gobiernos locales, entidades privadas y gremios como Fenalco, buscan aportar en disminuir la informalidad empresarial en el pequeño comercio. 


Considerando información oficial de (CONPES), se ha creado una política para cambiar la situación de la informalidad en el país, la cual conlleva a un plan de acción que será implementado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y DANE. 


El objetivo general de dicho plan es: promover mayores niveles de formalidad empresarial en la economía a través de una mejor información para la toma de decisiones de política pública y acciones que mejoren la relación beneficio-costo de la formalidad para las empresas. 

 

Por consiguiente, sus objetivos específicos son: disminuir la carga regulatoria de las empresas para que obtengan mayor facilidad de convertirse en formales, aumentar la efectividad de las acciones de Inspección, Vigilancia y Control (IVC), diseñar e implementar políticas que ayuden a las empresas registradas a materializar los beneficios potenciales de la formalidad.


Otros de los ejes principales de esta acción son, generar más información sobre el tema empresarial en Colombia, difundir evidencia del impacto de las políticas públicas implementadas, un riguroso seguimiento y por último un financiamiento, el cual se ha destinado para el desarrollo de acciones y estrategias.


La vigencia de la política es de diez años y su costo estimado es de 460.226 millones de pesos, Según cifras de CONPES.